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Pronunciamiento frente a los hechos de espionaje en México
Guadalajara, Jalisco a 20 de junio de 2017
Pronunciamiento frente al espionaje cibernético por parte del Gobierno Mexicano contra organizaciones de la sociedad civil y periodistas.
El día 19 de junio trascendió en medios masivos de comunicación y redes sociales que destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.
Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos en este sexenio, como el de Tlatlaya y Atenco,
Según las leyes mexicanas, solamente un juez federal puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y sólo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud. En México sólo las procuradurías y fiscalías de los estados, además de la PGR, el CISEN y la Policía Federal, están facultados para intervenir las comunicaciones privadas de una persona y siempre debe de existir una orden previa.
Datos oficiales proporcionados por el Poder Judicial de la Federación revelan que, con excepción de Nuevo León, no se han autorizado solicitudes de intervención de cualquier otro estado. Lo anterior significa que las 12 entidades que operan el software espía de Hacking Team lo hacen de forma ilegal.
Frente a esta situación tan delicada nos preocupa que el Gobierno Mexicano haya respondido con una rotunda negación de los hechos, cuando es él mismo quién debería de garantizar la vigencia de los derechos humanos y su justiciabilidad.
Por lo cual
EXIGIMOS:
– Una inmediata investigación a fondo, imparcial, que deslinde las responsabilidades del Estado Mexicano en los hechos y que incluya a especialistas en seguridad digital de la sociedad civil.
– Que cese este tipo de prácticas que atentan contra el derecho a la libertad de expresión, de la privacidad, y pone en riesgo la garantía de los derechos humanos.
– Que exista un reglamento claro de cómo se usa y cuáles son los controles jurídicos para la transparencia y rendición de cuentas en el uso de este tipo de tecnologías.
– Que se garantice la integridad física y psicológica de los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas que han resultado afectados por este tipo de prácticas ilegales.
Protestar es un derecho
No a la criminalización de la protesta
Equipo IMDEC.
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1 comentario
gabrel ruiz mercado
Jun 20, 2017
Esto no es nuevo, siempre el Estado ha perseguido a todo aquél que considere molesto. Ahora emplean tecnología de punta. Lo importante es, además de exigir, presionar con algo que realmente les duela, para que cambien las cosas; si no, nunca lo van a hacer. Saludos. Un abrazo.