OSCs expresan su profunda preocupación por los esfuerzos de los EE. UU. de externalizar las fronteras hacia Guatemala

13 de junio 2019
Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación con respecto al memorando de cooperación firmado el 31 de mayo de 2019 entre el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y el Ministerio de Gobernación de Guatemala bajo el cual los agentes e investigadores del DHS, incluidos a agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) e Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se desplegarán en Guatemala con el objetivo de frenar la migración a los Estados Unidos. Según algunos informes de los medios de comunicación, los investigadores del DHS ya han participado en una operación conjunta contra el contrabando en la ciudad de Guatemala bajo este acuerdo, y los agentes de CBP e ICE están actualmente presentes en Guatemala en su frontera con México.1 Este memorando de cooperación firmado por el Secretario Provisional del DHS Kevin McAleenan y el Ministro de Guatemala Enrique Degenhart aún no se ha hecho público, aunque los informes indican que su objetivo es “interrumpir el tráfico de personas y las redes de tráfico de drogas, mejorar la cooperación bilateral para mantener el orden público y ampliar las áreas de cooperación para abordar las causas de la migración”.2 Firmado antes del nuevo acuerdo bilateral con México3 y en medio de las presiones continúas de los EE. UU. hacia el gobierno mexicano para que acepte un acuerdo de “tercer país seguro” que impida que las personas que transitan por México busquen asilo en los Estados Unidos, este memorando de cooperación constituye justo una de las muchas acciones de la administración para prohibir a los migrantes centroamericanos ejercer su derecho a buscar protección internacional.
El envío de oficiales de inmigración de los Estados Unidos a la frontera México-Guatemala demuestra que Estados Unidos está realizando un esfuerzo inadmisible para externalizar su frontera y, por lo tanto, eludir sus obligaciones para con los solicitantes de asilo. Mientras los traficantes y contrabandistas deben rendir cuentas, las operaciones de lucha contra el contrabando y las actividades de control de la frontera no pueden violar los derechos humanos de la libertad de movimiento para salir de su país de origen y buscar asilo. En lugar de militarizar la frontera México-Guatemala, los países de la región deben analizar la migración desde un enfoque humanitario basado en los derechos. Instamos a los Estados Unidos y Guatemala a detener inmediatamente los esfuerzos conjuntos para disuadir a las personas de buscar protección y hacer público el memorando de cooperación del 31 de mayo, incluyendo los detalles de la duración y el financiamiento de las operaciones, los organismos de ejecución en ambos países, y la dirección operativa con respecto al entrenamiento de las fuerzas policiales y el uso de la fuerza.
Los esfuerzos basados en la disuasión no servirán para frenar la migración desde Centroamérica debido a los niveles extraordinarios de violencia e impunidad de la cual las personas huyen. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha concluido que una porción significativa de las

personas que ingresan al territorio de México necesitan protección internacional.4 Además, los esfuerzos de la Administración Trump para disuadir a los migrantes de llegar a los Estados Unidos no han reducido el flujo y solo han llevado a más personas a tomar rutas más clandestinas y peligrosas en la frontera de EE. UU.-México y en la región.5 Por ejemplo, la política de la Administración de obligar a los migrantes a esperar durante semanas o meses antes de solicitar asilo en los puertos de entrada de los EE. UU., una práctica conocida como “metering”, ha dado como resultado que más de 18,000 migrantes esperen en México.6 La propia Oficina del Inspector General (OIG) del DHS llegó a la conclusión en 2018 de que esta práctica contribuía directamente a que un mayor número de personas se vieran obligadas a realizar cruces fronterizos irregulares significativamente más peligrosos.7 Las políticas como metering y “Quedate en México”, por las cuales las personas son devueltas a México mientras se someten a un proceso judicial en los Estados Unidos, y que ahora se expandirán bajo el nuevo acuerdo entre Estados Unidos y México, no disuaden a las personas de huir, sino que aumentan el daño que enfrentan las y los solicitantes de asilo, incluidos niños niñas, mujeres y familias.
También nos preocupa que la presencia de los oficiales del DHS en Guatemala pueda socavar los derechos de las y los migrantes y solicitantes de asilo, y nos preocupa su posible papel en prevenir que las y los migrantes crucen la frontera México-Guatemala para buscar protección en México o, eventualmente, en los Estados Unidos. Las personas también tienen derecho a buscar protección en el país donde se sienten seguros, ya sea en México o en los Estados Unidos. Bajo la presión de los Estados Unidos, México ya ha tomado medidas en la semana pasada para restringir drásticamente el derecho de asilo, acordando militarizar su frontera con 6.000 soldados de la Guardia Nacional y participar en la detención masiva y la deportación de 400 personas en un solo día en el estado de Chiapas.8 Estas acciones se suman a los esfuerzos en curso por parte de México para devolver sistemáticamente a los solicitantes de asilo a los daños y para deportar los niveles récord de los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo con reclamaciones pendientes. La militarización de la frontera México-Guatemala con la presencia de agentes y personal de DHS probablemente resulte en violaciones más graves de los derechos de los solicitantes de asilo.9 Estamos alarmados por el impacto que las nuevas iniciativas de intercambio de información entre los gobiernos de Guatemala y los EE. UU puedan tener en las familias y los niños y niñas que salen de Guatemala en cuanto a su derecho a salir de su país y buscar protección.10

Este anuncio solo representa el último enfoque errónea en la respuesta de la Administración Trump a la crisis de refugiados de Centroamérica. Al mismo tiempo que los Estados Unidos despliegue agentes del DHS en Guatemala para impedir que las y los migrantes lleguen a los Estados Unidos, la Administración también ha amenazado con recortar la ayuda económica de los Estados Unidos a Honduras, El Salvador y Guatemala que aborda específicamente a las causas fundamentales de la migración para obligar a estos gobiernos a hacer más para evitar que sus ciudadanos emigren. No está claro a qué se refiere el memorándum en la medida en que aborda las causas de la migración, ya que el DHS no tiene la función de implementar dichos programas de asistencia. Al mismo tiempo, el presidente Trump anunció que aplicaría tarifa a los productos importados de México para presionar a México para que intensifique su esfuerzo para retener la migración.11 Los esfuerzos de la Administración Trump para disuadir la migración y presionar a los gobiernos de la región para evitar que sus ciudadanos se vayan, en el caso de Centroamérica, o para presionar a México para que evite que los migrantes lleguen a los Estados Unidos, violan el derecho internacional al interferir con los derechos de los individuos a la libertad de movimiento y de buscar asilo.
En lugar de esta perspectiva equivocada, los Estados Unidos debería implementar asistencia bien dirigida en consulta con organizaciones de la sociedad civil, enfocándose en reducir la pobreza estructural, promoviendo el trabajo decente, respondiendo a la violencia de pandillas y de género, combatiendo la corrupción y fortaleciendo los derechos humanos y las leyes en cada uno de los tres países. Los Estados Unidos debe ampliar el reasentamiento de refugiados de los países de Honduras, El Salvador, y Guatemala, y el procesamiento de casos de reasentamiento de refugiados que viven en sus países de origen (in-country refugee processing) para que las personas tengan la oportunidad de buscar protección internacional más cerca de su país o en otros países, y debe fortalecer y apoyar a las instituciones y organizaciones internacionales que ofrecen protección contra la migración forzada y el desplazamiento interno. También debe dedicar los amplios recursos que DHS ya tiene para garantizar que las personas que buscan asilo en la frontera de los Estados Unidos puedan hacerlo de una manera eficiente, humana y respetuosa de los derechos.

Estados Unidos
Alianza Americas Amnesty International USA
CARECEN DC
Central American Resource Center/CRECEN
Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA)
Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES)
Denver Justice and Peace Committee
Evangelical Lutheran Church in America
Freedom Network USA
HOPE Border Institute
Human Rights First
Jesuit Conference Office of Justice and Ecology
Kids in Need of Defense (KIND)
Latin America Working Group (LAWG)
Mennonite Central Committee U.S. Washington Office
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
NETWORK Lobby for Catholic Social Justice
Oxfam
Veterans for American Ideals
Washington Office on Latin America (WOLA)
Women’s Refugee Commission

Guatemala
ACCSS
Asociación Pop No’j
Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez -CIPRODENI-
Payxail Yajaw Konob’
Primer Alcalde de Alcaldia Indigena ixil de Nebaj, Quicche

México
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
Families Belong Together Mexico
Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC, IIPSOCULTA
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
Red de Mujeres del Bajío A.C.

Guatemala y México
Mesa Transfronteriza Migraciones y Género

Costa Rica
Center for Justice and International Law