COMUNICADO URGENTE

Al Congreso Nacional Indígena,

A los pueblos y gobiernos del mundo,

A las organizaciones de derechos humanos,

A los medios de comunicación,

A la opinión publica:

Tepic, Nayarit (Mayo 4, 2015).-  Hace unos días nos enteramos a través de los medios de comunicación sobre la detención de nuestro compañero Pedro Hernández Delgado, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad indígena náyeri de Santa Teresa, municipio del Nayar, Nayarit; así como de Lamberto Santiago Gutiérrez, Vidal Carrillo Carrillo, Julián Santiago Rodríguez y Carmelo Rodríguez Castañeda, Juez y policías auxiliares del poblado de Las Guacamayas de esa misma comunidad indígena.

Nos alarma ser de nueva cuenta víctimas de las injusticias de un gobierno represor que no permite el ejercicio de un derecho legítimo de los pueblos y comunidades indígenas  quienes, en busca de encontrar soluciones a las diversas problemáticas que aquejan a los habitantes de esa comunidad indígena de la sierra del Nayar, acordaron al amparo de sus usos y costumbres y en Asambleas Generales de Comuneros la creación de un grupo de vigilancia como defensa ante la tala ilegal de sus bosques, al cual designaron como “policía comunitaria”, aun cuando convinieron reiteradamente que dicho grupo de vigilancia no portaría ni emplearía armas de fuego.

Repudiamos enérgicamente que a nuestros compañeros Pedro Hernández Delgado, Lamberto Santiago Gutiérrez, Vidal Carrillo Carrillo, Julián Santiago Rodríguez y Carmelo Rodríguez Castañeda se les imputen falsamente cargos por el delito de asociación delictuosa por el simple hecho de que en febrero pasado anunciaron la intención de conformar la “policía comunitaria” de Santa Teresa y denunciaron los abusos perpetrados  cotidianamente por los policías municipales y estatales en contra de su comunidad. Asimismo, denunciamos que durante la incriminación,  detención y reclusión de nuestros compañeros se han cometido diversas irregularidades y violaciones a sus derechos fundamentales, ya que se les procesa  sin la investigación correspondiente y en plena transgresión a las garantías al debido proceso y defensa adecuada puesto que, injustificadamente, se les negó el beneficio a la libertad bajo caución por un delito no grave y ni siquiera estuvieron asistidos por un defensor que conociera su lengua y costumbres, cuando es su derecho humano elemental en términos de lo dispuesto por nuestra Constitución y los tratados internacionales, fundamentalmente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. De igual manera, denunciamos el abuso de poder ejercido directamente por la Fiscalía General del Estado de Nayarit en contra de nuestras comunidades; ésta, lejos de procurar justicia, la violenta provocando terror a través de la Policía Nayarit cuyos miembros, amparados en el anonimato puesto que actúan con el rostro cubierto, con total impunidad y sin restricción alguna golpean, intimidan y torturan a cuanta persona es detenida por órdenes de sus superiores.

Los pueblos y comunidades indígenas estamos hasta la madre de tantas injusticias del gobierno que no atiende ni entiende las necesidades elementales de nuestro pueblo; estamos hartos de ir y vagar por cuanta oficina del Gobierno de Nayarit, el autonombrado “Gobierno DE LA GENTE”, sin que en ningún lugar encontremos respuesta a nuestras peticiones; ni siquiera encontremos a uno solo de los nuestros atendiéndonos en la lengua, mucho menos a algún abogado indígena que nos defienda. Esto no lo encontramos en ninguna parte llámese gobierno municipal, estatal o federal. Seguimos en el mismo abandono gubernamental de siempre. Entonces, ¿qué nos queda?, ¿qué nos dejan?, ¿tomar las calles para manifestarnos?, ¿o actuar como nuestros compañeros de la comunidad de Santa Teresa del Nayar,  que cansados de tanta extorsión, robo, y abandono decidieron organizarse para asumir la protección de su misma comunidad,  ejerciendo así un derecho legalmente reconocido y fundamentado en nuestra Carta Magna? Los pueblos indígenas sabemos tomar las medidas legalmente válidas para ejercer los derechos que nos corresponden. En este sentido, reivindicamos el derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, particularmente “para decidir sus propias formas de organización política y social”,  consagrado en el Artículo 2° Constitucional, así como en los Tratados Internacionales en materia de protección a los derechos  humanos de los pueblos indígenas, normatividad que las autoridades ignoran, o que aún conociéndola, no tienen el mínimo interés en acatarla.

Ante esta nueva escalada de injusticia y violencia, las organizaciones indígenas y no indígenas nos unimos en contra de estas acciones de la autoridad y enérgicamente manifestamos que:

EXIGIMOS respeto a la integridad física y la inmediata liberación de nuestros compañeros PEDRO HERNANDEZ DELGADO, LAMBERTO SANTIAGO GUTIÉRREZ, VIDAL CARRILLO CARRILLO, JULIÁN SANTIAGO RODRÍGUEZ Y CARMELO RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, y les sea reconocida su condición de presos políticos;

EXIGIMOS que el gobierno federal y del estado de Nayarit respete las decisiones tomadas por la Asamblea General de Comuneros de Santa Teresa, Municipio del Nayar, y deje de criminalizar a sus representantes con motivo de la formación de su “policía comunitaria” NO ARMADA.

CONVOCAMOS a las instituciones públicas y a las organizaciones nacionales e internacionales que protegen derechos humanos y a las enfocadas en derechos indígenas, para que se unan a esta manifestación de rechazo a las políticas de exclusión, racismo y abuso de autoridad. Quienes nos oponemos a estas políticas, mañana o pasado mañana podemos terminar muertos, presos o bien desaparecidos, como parece ser que se acostumbra para acallar las voces que contradicen los intereses de grupo;

HACEMOS UN LLAMADO AL DIALOGO dirigido al gobierno federal y estatal. A la fecha no hemos recibido de su parte ninguna señal de acercamiento; no sólo han permanecido sordos a nuestras demandas de justicia sino que han endurecido su aparato represor para intentar desarticular cualquier forma de organización social. Pero también, y por lo anterior, PEDIMOS LA INTERVENCION DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAD PARA LOS DERECHOS HUMANOS, DEL CONGRESO DE LA UNION, para detener el terrorismo del aparato judicial nayarita en contra de nuestras comunidades indígenas que solamente están defendiendo su territorio y su vida. Por lo anterior;

SOLICITAMOS LA URGENTE INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS ANTE LA GRAVEDAD DEL RIESGO EN QUE SE ENCUENTRA CUALQUIER DEFENSOR DE SUS DERECHOS, INDÍGENA O NO, DE SER PRIVADO DE SU LIBERTAD DE MANERA ILEGAL COMO ES EL CASO DE NUESTROS COMPAÑEROS PRESOS.

¡ALTO A LA REPRESIÓN, ALTO A LA INJUSTICIA! 

¡PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS!

ATENTAMENTE

CONSEJO REGIONAL WIXARIKA