Activistas, organizaciones y redes internacionales con aliados en América Latina envían carta al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau para hacerle algunas observaciones y sugerencias por las frecuentes violaciones a los Derechos Humanos cometidas por empresas mineras canadienses.

Dentro de las observaciones realizadas están las siguientes:

1.- Garantizar  que  las  empresas  mineras  canadienses  que  realizan  actividades  en  América Latina lo hagan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos a los  que  están  sujetos  tanto  los  países  anfitriones  como  el  propio  Estado  de  Canadá.  Al respecto, y ante la gran conflictividad en torno a la minería que ha ido en aumento en la región, es vital que el gobierno de Canadá y las empresas mineras canadienses respeten el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado, antes de realizar cualquier actividad minera en sus territorios.

2.- Respetar la decisión de las comunidades indígenas y no indígenas que han dicho no a la minería a gran escala debido a los daños severos al medioambiente y al bienestar social que conlleva.

3.-No inmiscuirse ni brindar ningún tipo de apoyo gubernamental, sea a través de programas de   desarrollo,   acuerdos   comerciales   y/o   de   asociación,   financiamiento   público   o asistencia  técnica,  que  busque  influenciar  la  adopción  o  modificación  de  marcos regulatorios en los países receptores de proyectos extractivos.

4.-Incorporar  estándares  internacionales  de  derechos  humanos  y  de  transparencia  en  la regulación  de  las  agencias  de  crédito  e  inversión  pública  y  privada  que  financian actividades extractivas e imponer salvaguardias a empresas que reciban subsidio estatal.

5.- Garantizar un efectivo acceso a la justicia ante los órganos de la jurisdicción canadiense, para  que  las  víctimas  de  violaciones  a  derechos  humanos  provocadas  por  empresas canadienses en el exterior puedan obtener justicia, verdad y reparación integral.

6.- Crear  mecanismos  objetivos,  imparciales  y  eficaces  de  monitoreo  e  investigación  de denuncias de violaciones a derechos humanos, individuales y colectivas, provocadas por empresas  mineras  canadienses  en  el  exterior.  Tales  mecanismos  deberían  ser  diseñados de  conformidad  con  los  Principios  de  París  sobre  el  estatus  y  funcionamiento  de  las instituciones nacionales de derechos humanos.

7.- Dejar  de  impulsar  tratados  de  libre  comercio  y  acuerdos  de  inversión  que  favorecen  la protección  y  la  promoción  de  los  intereses  de  las  empresas  mineras  canadienses  por encima  de  los  derechos  humanos,  individuales  y  colectivos,  y  la  protección  del medioambiente.

8.- Abstenerse  de  impulsar  mecanismos  de  arbitraje  internacional,  que  es  una  herramienta poderosa para blindar las inversiones extranjeras que se favorecen de la inexistencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos.

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