Exigimos Interveción inmediata: Detención Ilegal de Marco Suastegui CECOP-LA PAROTA

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario de Gobernación

Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero

PRESENTES.-

Guadalajara, Jalisco, México. A 19 de de junio de 2014

Señor Secretario de Gobernación,

Señor Gobernador del estado de Guerrero,

Reciba un saludo del Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comumtiario, A.C (IMDEC).  En esta ocasión nos dirigimos a usted para expresar nuestra preocupación por la detención el pasado 17 de junio de 2014 del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui, por elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE),  quien después de ser puesto a disposición ante el Juez Décimo en Materia Penal de Primera Instancia y recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Las Cruces, fue trasladado arbitrariamente a otro Cereso estatal y después a un Centro de Reclusión Federal, violentando su derecho a la debida defensa.

Es de nuestro conocimiento que la detención del dirigente del CECOP se llevó a cabo fuera de su domicilio en el Municipio de Acapulco, mientras circulaba en su vehículo. Los elementos de la Policía Ministerial llevaron a cabo la detención con lujo de violencia y amenazas. Marco Antonio Suástegui fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Las Cruces, sin permitirle que pudiera comunicarse con sus representantes legales o con sus familiares. No fue sino hasta las 10 horas que personal del  Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan pudo corroborar que el defensor comunitario se encontraba recluido en dicho Cereso, siendo informados de que se le tomaría su declaración preparatoria a las 14 horas.

Sin embargo, a esa hora el Juez Décimo en Materia Penal de Primera Instancia, Adolfo Vanmeeter Roque, informó a los representantes legales del Sr. Suástegui que éste había sido trasladado al Centro de Readaptación Social de La Unión de Isidoro Montes de Oca, ubicado en la Costa Grande de Guerrero, a pesar de que dicho Juez tenía el deber de analizar exhaustivamente la legalidad de la orden de traslado; violentando los derechos del procesado, toda vez que es responsable de la libertad personal de Marco Antonio Suástegui.

Posteriormente, desacatando una decisión de suspensión para efectos de no ser trasladado a un penal federal, concedida por la Jueza Tercera de Distrito con sede en Acapulco, la Lic. Lilia Maribel Maya Delgado, dentro del amparo número 649/2014 –I; las autoridades responsables, actuando con perversidad y total hermetismo, trasladaron a Marco Antonio Suástegui al Centro Federal de Readaptación Social número 04 Noroeste en Tepic, Nayarit, dándole un trato de delincuente de alta peligrosidad.

Dicho traslado a un Penal Federal es una grave afectación al derecho a una defensa adecuada, que reconoce el artículo 20 de la Constitución, pues en los hechos deja al detenido sin poder tener una comunicación fluida y constante con sus defensores, por lo que queda en evidencia que dicho mecanismo se ha utilizado para castigar yreprimir al dirigente del CECOP por su activismo.

En este marco, nos dirigimos a ustedes urgiéndoles tomar acciones inmediatas para, primeramente, garantizar la integridad física y psicológica del dirigente del CECOP; revocar su traslado ilegal y arbitrario y violatorio de derechos humanos fuera del estado de Guerrero, garantizando en todo momento el irrestricto derecho a una defensa adecuada y al debido proceso.

De igual forma, urgimos se ponga fin a la persecución y criminalización contra los dirigentes del CECOP, iniciando por poner fin a la instauración de nuevos procesos penales en contra del dirigente detenido.

Finalmente, reiteramos nuestra convicción de que la detención de Marco Antonio Suástegui, tiene como claro objetivo el de debilitar el movimiento de la organización campesina, que por más de una década se ha opuesto a la imposición del Proyecto Hidroeléctrico “ La Parota”; el cual cabe recordar, ha sido incluido en el nuevo plan de reconstrucción del Ejecutivo Federal denominado “Nuevo Guerrero” y se suma a la larga lista de casos de criminalización de los movimientos sociales en el estado de Guerrero.

 Atentamente,

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C (IMDEC).  

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