PRONUNCIAMIENTO

Juez federal Miguel Arroyo Herrera dicta sentencia contra los derechos de los pueblos indígenas totonacos, favoreciendo a las empresas Comexhidro, Walmart, Suburbia, Vips, Waldos impulsoras del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.

Ciudad de Puebla, 17 de octubre de 2019

Las organizaciones que conformamos el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), en reunión nacional convocada ante el riesgo de que se profundice la criminalización a defensores totonacos de la sierra norte de Puebla en defensa del río Ajajalpan  y su territorio contra el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1,  manifestamos nuestra total reprobación a la decisión del JuezMiguel Arroyo Herrera quien en sentencia emitida el pasado viernes 11 de octubre favorece los intereses económicos de grandes empresas como Walmart, Suburbia, Vips, Waldos violentando los derechos del pueblo totonaco en beneficio de  la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.

Es sumamente grave que el Juez Arroyo haya decidido negar el reconocimiento a las comunidades totonacas quejosas de sus derechos a la tierra y al territorio, a la libre determinación, al consentimiento, al agua y al medio ambiente sano, avalando el argumento de que es un proyecto de utilidad pública y validando una simulación de consulta coordinada por la Secretaría de Energía en el año 2015, hecho denunciado por las comunidades totonacas en su momento.  Según el juez, el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 que pretende desarrollar la empresa Deselec 1, filial de Comexhidro, no causará afectación alguna a las comunidades demandantes, ello a pesar de que el Peritaje oficial de biología e impacto ambiental elaborado por PGR, establece que la hidroeléctrica que incluye dos embalses y una cortina de 45 metros de altura, tendría impactos irreversibles en el medio ambiente tales  como la disminución en la calidad del agua, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos así como deforestación por la remoción de vegetación forestal. Es inaceptable que en su sentencia el Juez omita analizar las afectaciones señaladas en dicho peritaje, retomando únicamente, la información ofrecida por la empresa y por las autoridades demandadas que aseguran que no habrá impactos negativos.

Son sólidos y abundantes los estudios científicos que demuestran los graves impactos sociales y ambientales que las grandes represas provocan y los cuáles organizaciones especializadas como  la Comisión Mundial de Represas y la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA) han informado.

Como MAPDER denunciamos que el proceso legal estuvo lleno de irregularidades tales como la presentación de documentos por parte de terceros interesados con nombres de personas muertas, firmas falsificadas y entregadas al juez federal avalando la aceptación del proyecto sin el conocimiento de los firmantes. Expedientes perdidos en el juzgado y una actitud irrespetuosa y discriminatoria del juez cuando representantes de las comunidades fueron a exponerle su caso, descalificando sus conocimientos y preocupaciones sin ofrecerles siquiera sentarse durante la reunión.  Descalificaciones del juez hacia las organizaciones que acompañaron el proceso evidenciaron que su posición nunca fue imparcial.

Hacemos del conocimiento público que la sentencia dictada por el juez Arroyo eleva el riesgo de que se profundice la criminalización hacia los defensores y defensoras del río Ajajalpan de las comunidades de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán de la Sierra Norte de Puebla y de que se profundice la división comunitaria, estrategia que la empresa Comexhidro, acusada de violar derechos humanos cuando pretendía desarrollar el proyecto Cerro de Oro en Oaxaca,  ha promovido en las comunidades, además de cometer abusos como la compra de terrenos en San Mateo Tlacotepec pagando 70 centavos por metro cuadrado de terreno.

Denunciamos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por haber otorgado una concesión de agua a la empresa Deselec 1 Comexhidro por 11,000 litros de agua por segundo, violentando con ello  el derecho al agua de las comunidades campesinas indígenas.

Nos solidarizamos con la lucha de las comunidades indígenas totonacas opuestas a la imposición del proyecto Puebla 1 y unimos nuestra voz a la exigencia de cancelación de dicho proyecto que únicamente beneficia a grandes transnacionales a costa de la destrucción del territorio totonaco y de la ruptura del tejido social comunitario. Permitir la imposición de la hidroeléctrica Puebla 1 demostraría que el gobierno federal y estatal son sólo una continuidad del modelo económico extractivo que pone en riesgo la vida del pueblo mexicano respondiendo a los dictados del gran capital transnacional.

Responsabilizamos al Poder Judicial de las consecuencias de su decisión y exigimos a los gobiernos municipales de Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán, así como al gobernador del Estado de Puebla, proteger la seguridad y las vidas de los defensores y defensoras del río Ajajalpan.

¡RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), Guerrero

Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa de Río Verde (COPUDEVER), Oaxaca

Consejo Tiyat Tlali en defensa del territorio, Puebla

Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi, Puebla

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambienta (LA VIDA), Veracruz

Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (PUCARL), Veracruz

Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y  Palmarejo, Jalisco

Consejo Indígena Nayerhi, Nayarit

Grupo Ecológico Manglar, A.C.

Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)

Servicios para una Educación Alternativa, A.C. (EDUCA)